Muchas víctimas de violencia en zona rural sienten que sus historias no tienen el mismo eco que aquellas que ocurren en un centro urbano o en una ciudad capital. Este es el caso de una historia que ocurrió en una institución educativa de García Rovira.
Un docente de un colegio de zona rural de esta provincia habló de un presunto caso de acoso escolar, en 2018, donde resultaron involucradas dos estudiantes de 12 y 13 años de edad, quienes para ese entonces cursaban grado sexto.
Lo peor de la situación es que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, las víctimas siguen recibiendo clases con el presunto agresor. De quien se dice, tiene familiares con fuertes influencias en el sector político y judicial de la región.
“La verdad no sospechábamos nada porque las niñas nunca hicieron comentarios y los padres tampoco. Todo parecía muy raro porque el profesor llevaba más de 13 años vinculado a la institución. Nos enteramos cuando llegó una docente nueva al colegio. Las niñas quizá sintieron confianza con ella y le dijeron que el profesor las tocaba”, subrayó.
De acuerdo con información suministrada, si bien se conocieron solo estos dos casos, se cree que el número de víctimas pudo ser más alto.
Y esto en razón a que “cuando estábamos en una reunión con algunos padres de familia y comentamos lo que venía ocurriendo, uno de ellos dijo que eso venía sucediendo desde hacía rato y no con una o dos niñas, sino con varias”, acotó el docente, quien además se convirtió en el denunciante ante las autoridades competentes.
Por supuesto, quien hizo este tipo de comentarios fue cuestionado por no haber procedido con la denuncia formal.
Pero, la verdad fue que la respuesta dejó sin aliento a más de uno de los presentes en aquella reunión. “Dijeron que no lo hacían porque no iba a pasar nada. La denuncia no prosperaría, debido a que habían influencias políticas, como ya lo había dicho. Todo el mundo sabe el profesor de quién es familiar y por eso, incluso, mi denuncia ante Vanguardia es anónima. Yo no tuve miedo e hice la denuncia ante Fiscalía solo que llevamos varios meses y nunca obtuvimos respuesta. Estamos hablando de menores de edad y hay que proceder oportunamente”, puntualizó el docente.
Agregó que además de la Fiscalía, la situación también fue puesta en conocimiento de la Comisaría de Familia, Secretaría de Educación y Control Interno Disciplinario. Pero, el proceso de investigación parece avanzar muy lento y no con la prioridad que se dice tener cuando se trata de hechos que involucran a dos menores de 14 de años y se exponen a otro cientos de niños.
Si bien, el panorama era bastante confuso, en medio de la alerta que se había encendido por el presunto caso de acoso sexual dentro del plantel, las niñas se atrevieron una vez más a señalar a su docente de tocamientos en diferentes partes del cuerpo como la cola, los senos y zonas íntimas. Eso sí, ellas aseguraron que él nunca las amenazó ni las intimidaba, solo trataba de mantener la imagen de un hombre serio y respetuoso.
“Una de las menores recordó que él le había metido la mano en el bolsillo del uniforme y aprovechó para tocarle sus partes íntimas. Él se defendió, aseguró que es inocente, que nunca haría algo así y que jamás se le acercaba a las estudiantes. Ese día supuestamente le había metido la mano al uniforme de la niña porque se había percatado de que el celular se le estaba saliendo del bolsillo y se le podía caer, pero que nunca le tocó las partes íntimas”, narró el denunciante.
Sobre este caso, voceros de la informaron que “se adelantan las investigaciones con órdenes a Policía Judicial, logrando avances significativos”.
Quien aseguró que se atrevió a contar esta historia por la indiferencia de muchos padres de familia, quienes prefirieron evitar escándalos o hacer caso omiso a este tipo de actos reprochables que ponen el riesgo la integridad física de las niñas y adolescentes.
“La institución nunca guardó silencio de la situación porque le pareció una falta gravísima. No estamos hablando de una tocada y ya. Estamos hablando de un presunto delincuente que puede incluso terminar violándolas. O sea, ¿siempre debemos quedarnos callados porque el agresor tiene dinero o poder? No me parece; simplemente es la vida de nuestros niños la que tenemos que proteger”, concluyó.
Nicolle Ardila, psicóloga Clínica y de la Salud, magíster Terapias de Tercera Generación VIU y psicóloga en el programa de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga, desde el área de atención y prevención, explicó que la incredulidad -ante la efectividad de la justicia- termina siendo un factor fundamental para mantener el silencio, la negación o la omisión de la denuncia.
Sin embargo para la experta es fundamental que las mujeres, sin importar su edad ni condición socioeconómica, cuando se sientan acosadas o abusadas, acudan “en primer lugar, a su soporte de apoyo social primario, ya sea su familia o referentes afectivos importantes. El sentir respaldo y apoyo facilita que la persona tome decisiones adecuadas respecto al siguiente paso que es dar a conocer los hechos en lugares sensibles y profesionales que asesoran e intervengan estos temas”.
De presentarse hechos de mayor gravedad como abuso sexual o acceso carnal es importante que la primera entidad en conocer el caso sea del sector salud. En Colombia eventos de este tipo son considerados urgencias médicas y, por tanto, existen protocolos bien estructurados que mitigan posibles riesgos a la salud física y mental de la víctima.
Las omisiones de las instituciones frente a casos de violencia genera en las víctimas la sensación de que están solas cuando deciden avanzar en la búsqueda de justicia, por eso respecto a ese mito de no denunciar porque no se presta la atención necesaria o no se adelanta un proceso adecuado por cualquiera que sea la razón, Ardila afirmó que la dificultad radica en los funcionarios, quienes en ocasiones suelen no asumir con compromiso y respeto la atención de casos.
Entonces, “el mito se tumba al comprender que el sistema ofrece herramientas y que existen leyes como la Ley 1257 del 2008, cuyo contenido configura todo un marco preventivo de atención y sanción a casos de violencia de género. Además existen lugares especializados dedicados a la orientación y empoderamiento en derechos que le permite a la mujer clarificar el panorama respecto a la manera en cómo funciona la ruta de atención que permite desmitificar que el sistema y las entidades no sirven”.
No obstante, consideró que continuamente a nivel institucional y de los gobiernos se debe realizar seguimiento y vigilancia a la operancia y efectividad de las entidades encargadas.
Si usted conoce a alguien que atraviese por una situación como estas, las mujeres cuentan con un servicio de orientación telefónica conocida como la Línea 155, que opera 24 horas del día, siete días de la semana. Allí serán atendidas por profesionales sociales y jurídicos, miembros de la Policía Nacional, capacitados en orientar sobre casos de violencia contra la mujer.
Cuando se presentan situaciones de maltrato, violencia sexual, trabajo infantil, violencia escolar o cualquiera que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, deben reportarse de manera ágil y oportuna para que se activen las rutas de atención y protección.
La ruta arranca desde que se identifica el caso y se reporta directamente ante las autoridades, a través de las línea nacionales 141, 01 8000 918080 ó 01 8000 112440, así como en las páginas Web www.icbf.gov.co ó www.teprotejo. com
El reporte se puede hacer de manera anónima.
En caso de que la víctima sienta la necesidad de recibir algún tipo de asesoría jurídica, la puede encontrar en un Consultorio Jurídico, en la Defensoría del Pueblo, en la Personería Municipal o en la Casa de Justicia.
Si desea que conozcamos su caso, no olvide contactarnos a través del correo electrónico notequedescallada@vanguardia.com
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