La transformación del sector minero-energético para reducir las emisiones de CO2, es uno de los grandes logros de la administración actual. Tras el reconocimiento del cambio climático como el mayor desafío que enfrenta el mundo, basta con recordar que el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, tomo como su columna vertebral el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 donde, por cierto, mucho se ha avanzado para alcanzar las metas propuestas en materia del objetivo No. 7 - energía asequible y no contaminante.
Este gobierno ha reconocido el enorme potencial del país en materia de generación de energía y con ello, el rol que cumple el sector minero-energético en la reactivación económica pos-pandemia. De modo que, tras casi tres años de gobierno, queda claro que este sector ha trabajado sin descanso para reinventarse, consolidándose como un pilar estratégico en la carrera por cerrar las brechas sociales y aportar a un mercado laboral fortalecido, a través de un aumento en la eficiencia, confiabilidad y cobertura, y todo ello, dentro del marco de la sostenibilidad, posicionándonos como la sexta matriz de generación más limpia del mundo.
Aun así, muchas voces se han alzado para apoyar una transformación rápida y contundente de nuestras fuentes de energía, migrando hacia la generación con fuentes no convencionales de energía renovable. No obstante, hay una consideración que no podemos pasar por alto: Si bien la consolidación de una matriz energética más limpia es un camino que debemos andar irrestrictamente, no podemos poner en la cuerda floja la seguridad energética y la estabilidad financiera que nos brinda la autosuficiencia. Luego, la realidad mundial muestra cómo centrarnos en una línea exclusiva de generación no es una solución estratégica y en su lugar, queda ampliamente expuesta la necesidad de andar el camino de la transición energética.
Así las cosas y en medio de los esfuerzos intersectoriales efectuados por reducir nuestras emisiones, el gas toma una posición estratégica en este proceso, pues gracias a sus enormes beneficios ambientales, lo tiene todo para establecerse como el combustible líder en este proceso de transición.
Se trata de un energético con amplias virtudes bajo la valoración costo-beneficio, al ser más competitivo que el resto de combustibles fósiles y generar una reducción considerable en las emisiones de CO2, NOx, SOx y material particulado. Por otro lado, ha tenido gran acogida en el sector industrial, que hoy consume entre 2,8 y 3,7 Mpcd. Adicionalmente, es un gran contribuyente en materia de inversión extranjera directa, genera aportes fiscales con miles de millones de pesos pagados en impuestos, paga más de $670 mil millones de pesos anuales en regalías, ofrece más de 100.000 empleos directos e indirectos y todo ello, sumado a los miles de empleos adicionales generados por la adquisición de bienes y servicios, donde se realizan inversiones a largo plazo en las comunidades locales. Luego, no cabe duda que el gas combustible es un elemento estratégico con gran potencial para convertirse en un dinamizador sostenible de la economía local y nacional, en medio de la fuerte recesión que enfrenta el país.
Ahora bien, reconociendo la resiliencia que el gas combustible ha demostrado en tiempos en los que el COVID-19 imprimió amplia volatilidad al mercado de combustibles fósiles, este energético también se convierte en una oportunidad para economías locales como las del territorio marino-costero del caribe colombiano gracias a las reservas offshore o incluso la del departamento de Santander. Territorios con amplia riqueza que podrían asegurar el abastecimiento energético de diversos sectores como el doméstico, comercial, industrial e incluso del transporte terrestre y fluvial, gracias a la diversidad de opciones disponibles que comprenden al Gas Natural - GN, Gas Natural Licuado - GNL, Gas Natural Comprimido Vehicular – GNCV, Gas Licuado de Petróleo – GLP, AutoGLP y NautiGLP.
En consecuencia y como Representante a la Cámara por el departamento de Santander, radiqué un Proyecto de Ley que actualmente está a punto de tener su tercer debate en el Congreso de la República, el cual enfrentó como principal reto la construcción de un texto que garantizara la calidad de vida, el cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas a las familias más pobres del país y el posicionamiento del gas como el combustible líder en la transición hacia una matriz energética más limpia; todo ello, a través de mesas de trabajo donde fue posible construir a partir de las diferencias existentes entre dos reconocidos competidores directos en el mercado: los gremios de gas natural y GLP.
Así, el texto propuesto ante el Congreso cuenta con mecanismos que buscan garantizar el abastecimiento y la oferta nacional de este energético, asegurar los subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros en más de 340.000 hogares ubicados en las zonas más alejadas del país, desarrollar un programa de sustitución de leña, carbón y residuos por gas combustible para el consumo doméstico de 1’771.000 familias colombianas, cuya salud no puede continuar esperando avances en la curva de aprendizaje para producir tecnologías limpias más eficientes, confiables y a menores precios, promover la sustitución de diésel por gas combustible para generación de energía eléctrica en 16 departamentos del país y establecer incentivos para promover la movilidad sostenible a nivel nacional.
En medio de la carrera contra el cambio climático, Colombia ha hecho enormes esfuerzos para consolidarse como una nación sostenible, pero nuestro afán por llegar más lejos, no puede llevarnos a minar el camino recorrido hasta ahora. Este es el momento para tomar decisiones responsables, precisas y oportunas, de la mano de los energéticos que hoy tenemos a nuestra disposición, para transformarnos en un país que alcance el verdadero desarrollo sostenible.
Edwin Gilberto Ballesteros Archila
Representante a la Cámara por Santander
Partido Centro Democrático