La mayor sanción disciplinaria se impuso a Mónica Santamaría Salamanca, vicepresidenta de Banca Comercial del Banco, quien tenía la función de planear, organizar, dirigir, liderar y controlar la Banca Comercial ejecutada por las gerencias de ventas, la multa para la directiva fue de $250 millones y 10 meses de suspensión.
Los multados son el delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Arturo Adolfo Dajud Durán; el delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Andrés Escobar Arango; el representante del accionista mayoritario, Luis Fernando Mejía Alzate; Juan Luis Hernández Celis, como representante del Gobierno Nacional y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupiñán Heredia, como miembros independientes.
También sancionó al expresidente de la entidad financiera, Francisco Solano Mendoza; a las exvicepresidentas de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz y de Banca Comercial, Mónica Santamaría Salamanca, y al gerente de Cuenta en Banca Empresarial – Gerencia Regional Bogotá, Omar Arturo Páez Forero.
La decisión del Ministerio Pública se basó en que los disciplinados participaron en el trámite, estudio y aprobación del crédito que el Banco Agrario otorgó al Consorcio Navelena, pese a que sobre el socio mayoritario había un claro y evidente riesgo reputacional, en razón a los problemas legales que tenía Odebrecht para cuando se tramitó el préstamo ante dicha entidad financiera. El órgano de control calificó la falta de la disciplinada como grave a título de culpa gravísima.
Así mismo, sancionó por ocho meses a exvicepresidenta de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz, convertibles en multa cercana a los $200 millones de pesos, al encontrar que desestimó el estudio de riesgo reputacional que gravitaba sobre esta operación financiera, es decir, permitió que el banco lo asumiera, en razón a la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil. Otro caso, Ferrán Muñoz violó las funciones propias de su cargo y actuó en contravía de los manuales internos de la entidad bancaria y de la Superintendencia Financiera, que claramente señalaban parámetros para evaluar esta clase de créditos, por lo tanto, calificó la falta de la disciplinada como grave a título de culpa gravísima.
Para los casos del delegados de los Ministerios de Hacienda y Agricultura, así como Francisco Solano Mendoza, expresidente del Banco Agrario y Omar Arturo Páez Forero gerente de Cuenta en Banca Empresarial – Gerencia Regional Bogotá, la Procuraduría los sancionó con suspensión por el término de tres meses convertibles en multa de $42 millones de pesos, $36 Millones de pesos, $56 millones de pesos y $13 millones de pesos respectivamente.
Para el caso Francisco Solano Mendoza, presidente del Banco Agrario de Colombia, para la época de los hechos, la Procuraduría también le reprochó por incumplir su deber de asegurar que la gestión del banco cumpliera las leyes y reglamentos de la entidad financiera; así como dirigir, reglamentar y controlar la gestión del banco, teniendo en cuenta que no exigió a sus vicepresidentas de Crédito y Cartera y de Banca Comercial que realizarán un verdadero estudio del cliente y real alcalde de riesgo crediticio y reputacional de la operación financiera.
Finalmente, para Luis Fernando Mejía, representante del accionista mayoritario, la multa es equivalente a 30 salarios mínimos vigentes para la época de los hechos. Mientras que Juan Luis Hernández Celis, representante del Gobierno Nacional, Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba y Francisco Estupiñán Heredia (miembros independientes de la Junta Directiva), tendrán que pagar $21 millones, cada uno.
