“Resulta prudente profundizar en conceptos jurídicos sobre la materia, para cuyo efecto el Ministerio solicitará apoyo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habida consideración que como se dijo en precedencia, no existen antecedentes jurisprudenciales, ni doctrinales sobre el particular”.
La decisión se tomó por medio de la Resolución No. 1625 del 7 de junio de 2019, la cual se suma a la prorroga en el mes de marzo por tres meses, para que la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República elevara consulta al Consejo de Estado para su análisis y visto bueno.
Sin embargo, el Consejo de Estado no puede pronunciarse sobre el tema mientras no se resuelva una acción popular que interpuso el exmagistrado César Augusto Duarte ante el Tribunal de Cundinamarca.
Además, la Sala de Decisión Civil de Familia del Tribunal Superior de Barranquilla rechazó el recurso de súplica que interpuso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la cual se pretendía levantar el embargo del Galeón San José, lo que frena a la Nación de proceder con cualquier proceso contractual para la exploración y rescate de esta embarcación, que está sumergida en el Mar Caribe.
“Confirmar el proveído adiado 25 de abril de 2019, que rechazó de plano la nulidad planteada por el Ministerio de Cultura y coadyuvada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, proferido por el magistrado ponente al interior de este proceso”, dice la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla.
Según el fallo de abril, el embargo busca garantizar los derechos de la empresa Sea Search Armada (SSA), como descubridora de los restos del galeón, reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2007.
En su sentencia del 5 de julio del 2007, la Corte declaró a la firma como propietaria del 50% de los tesoros que se encuentren en las áreas marítimas que exploró en 1982, y que la otra parte le corresponde a la Nación.
El galeón San José fue descubierto en 2015 en un área próxima a las Islas del Rosario, por lo que la SSA reclama la autoría del descubrimiento, a pesar de que la firma británica Maritime Archaeology Consultants Ltd. (MAC), que recibió el permiso exploratorio del entonces presidente Juan Manuel Santos, asegura que fue la que determinó la ubicación.
Con este fallo del Tribunal se mantiene el impedimento jurídico al gobierno de Duque para la contratación del rescate del tesoro.
